La imputación de Gabriela Michetti en la
causa que investiga el origen de los fondos que le robaron de su casa, abrió un
clima espeso en la cúpula del Gobierno, teñido de desconfianzas y la sospecha
de un intento por desgastar a la vicepresidenta.
En el poder se habla con insistencia de un encuentro reservado entre el secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas y Guillermo Marijuán, ocurrido días antes que el fiscal federal imputada a la vicepresidenta.
Clusellas es un hombre de la confianza total del presidente Macri a quien acompaña desde las épocas de Socma.
En el Gobierno no se entiende cual podría ser el beneficio para Macri de tener a su vicepresidenta complicada judicialmente. Tampoco es un secreto que Michetti mantiene una relación tensa con varios integrantes del círculo más cercano al Presidente.
Por otro lado, como reveló LPO, que Macri se ha cansado de decir en las últimas semanas que no tolerará la corrupción de los propios y hasta se ha regodeado con la idea que algún funcionario del PRO vaya preso, de manera de demostrar su inflexibilidad con el tema.
Pero más allá de las intrigas lógicas que este caso detonó en Cambiemos, otro lectura de impone en el Gobierno: Los jueces federales alertados por el propio Macri y su ministro de Justicia, Germán Garavano, de su intención de barrer con el grueso de los actuales integrantes de Comodoro Py, podrían estar tomando acciones preventivas.
“Van coleccionando rehenes”, afirmó a LPO una fuente con acceso a las negociaciones siempre escabrosas entre Comodoro Py y la Casa Rosada, que tiene en Clusellas a uno de los múltiples operadores que envía Macri. De hecho, el propio secretario Legal y Técnico tiene motivos para acercarse a Comodoro Py, el diario La Nación reveló que se dedicaba a armar sociedades offshore para el estudio Mossack Fonseca.
La actitud del gobierno en este tema delicado también es errática. Pasa de proponer una reforma estructural al estilo del Plan Justicia 2020 que desarme Comodoro Py, a meterse en el barro de negociaciones al viejo estilo, como cuando presionaron fuente al juez Rodolfo Canicoba Corral para que meta preso al líder del Somu, Omar Suárez o apelaron a Servini de Cubría para domesticar a los dirigentes de la AFA que no se plegaban a los deseos de Macri.
Un ejemplo notable de las contradicciones del Gobierno con este tema lo ofreció el propio ministro de Justicia, quien afirmó que la imputación de Michetti a diferencia de aquellas en las que se avanzó contra funcionarios del kirchnerismo no es un síntoma de saludable independencia de los magistrados, sino a su "politización".
En esa refriega que mezcla proclamas de mejora institucional, con pactos oscuros, los jueces federales de Comodoro Py por momentos parecen fieras heridas libradas a sus instintos de supervivencia.
No parece casual que uno de los más importantes operadores de medios del mercado, que colaboró en la campaña presidencial de Macri, también fue imputado días atrás.
“La mecánica es simple, abren causas, imputan a personas lo más cercanas al Presidente que se pueda y disponen una serie de pericias que llevarán años”, explicó a LPO una fuente con acceso al conflicto. Años es lo que los jueces necesitan.
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http://www.contrainfo.com/22071/michetti-y-tonelli-mas-brook-y-leuco-una-fundacion-que-suma-fraudes/
http://www.laventanaindiscretadejulia.com/2016/08/luis-labrana-ex-montonero-yo-invente-lo.html
Por otra parte, los enfrentamientos entre los funcionarios son naturales, dado el endeble proceso de construcción de la plana dirigencial: los militontos que acompañaron el proceso de CABA, y los nombres encumbrados, seguros y tranquilizadores, que supieron extraer de diferentes procedencias, cada uno de ellos con su agenda, compromisos, e intereses. Para colmo como es público y notorio que Mauri se baja en la primera de cambio, los codazos para la cola son tremendos.